Estados fallidos en América Central

Simon Whistler

Cuando el Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó un informe en diciembre en el que afirmaba que México era uno de dos países (junto con Pakistán) que estaban en riesgo de convertirse rápidamente en Estados fallidos, hubo un rechazo predecible de sus conclusiones en muchos sectores. De hecho, es posible que el análisis de los autores sea correcto, pero se equivocaron de país. Un poco más al sur, en América Central –Guatemala en particular—el paradigma del Estado fallido puede ser mucho más aplicable.

Si se toma en cuenta el aparente avance de la democracia en la región desde los años noventa, esta evaluación puede parecer un poco dura. Pero si se examina con más cuidado la calidad de la democracia, sobre todo la condición de instituciones del Estado como el poder judicial o la policía, el panorama es más desalentador. Irónicamente, lo que empeora la situación es la estrategia de mano dura que México está aplicando contra los carteles de la droga en su territorio; los delincuentes están buscando la seguridad relativa de América Central para establecer sus bases de operación.

Las evidencias que provienen de Guatemala son particularmente preocupantes. Alrededor del 80% de la cocaína de América Latina que llega a Estados Unidos pasa por el país en algún momento. En febrero, el presidente Álvaro Colom declaró que un 40% de los 6,200 asesinatos registrados en 2008 estaban relacionados con el tráfico de drogas. Investigadores de Estados Unidos y Guatemala creen que los dos carteles mexicanos más grandes, el de Sinaloa y el del Golfo, están ampliando su influencia en varios departamentos; sospechan que el conocido brazo armado del cartel del Golfo, los Zetas, es responsable de una serie de masacres que se cometieron en el país el año pasado. Muchos economistas opinan que una de las razones principales de la fortaleza del quetzal frente al dólar en años recientes es la cantidad de dinero proveniente de las drogas que se ha lavado a través del sistema financiero guatemalteco.

En comparación con las tácticas duras empleadas por su colega mexicano, Felipe Calderón, Colom parece estar resignado a la derrota. Los comentarios que hizo en enero en el sentido de que el país estaba indefenso frente a la “avalancha” del narcotráfico procedente del norte tenían la intención de obtener apoyo internacional, pero no ayudaron a inspirar confianza en su liderazgo.

La triste realidad es que puede tener razón: la policía nacional es célebre por su corrupción, no tiene suficiente personal, es ineficiente y es parte del problema en la misma medida que los grupos de narcotraficantes mismos. Además, las fuerzas armadas se han convertido en una sombra de lo que fueron alguna vez, y todavía pesa sobre ellas la herencia de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la amarga guerra civil del país.

Incluso si la policía nacional se convirtiera de la noche a la mañana en el organismo más eficiente de lucha contra la delincuencia del mundo, es poco probable que tuviera un impacto inmediato significativo. Sin una reforma a fondo de todo el sistema judicial, ninguna medida del gobierno ni la presión social servirán de mucho.  

Esto se aplica tanto a Guatemala como al resto de América Central –con las excepciones en general de Costa Rica y Panamá. Las evidencias recabadas en El Salvador parecen apoyar este punto: se considera que la policía salvadoreña es más fuerte y eficiente, pero las tasas de delincuencia son similares a las de Guatemala. En ambos países, la impunidad es la clave: en Guatemala únicamente el 4% (a lo mucho) de todos los delitos y menos del 2% de los asesinatos terminan con el encarcelamiento del delincuente.

Las condiciones de los sistemas judiciales en América Central están en el centro de la perspectiva del Estado fallido. Los sistemas judiciales del istmo, que ya son débiles e ineficientes, propensos a la corrupción, a la politización, a la falta de coordinación y a la intimidación abierta de los funcionarios, han sido presas fáciles para el crimen organizado. Guatemala ha sido la víctima más clara hasta ahora, pero Honduras sufre las mismas condiciones, por lo que podría ser la siguiente.

El principal objetivo de los carteles de la droga es doblegar a los sistemas judiciales y otras instituciones clave del Estado. Tener en la práctica el control de grandes extensiones de territorio en América Central y poder actuar con relativa impunidad son elementos favorables para los negocios. Estados Unidos puede considerar que su guerra contra las drogas en México y Colombia ha sido parcialmente exitosa; el peligro es que América Central no tiene la resistencia institucional de esos países, lo que deja vía libre para que se abran frentes nuevos.

Además de las terribles consecuencias humanas e institucionales, esta situación socava también las estrategias económicas a largo plazo de los países centroamericanos. Para bien o para mal, la democracia en la región ha ido de la mano de políticas de liberalización económica y de esfuerzos para atraer inversión extranjera, que culminaron con la firma del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos en 2005.

Si bien las compañías extranjeras no han sido objeto de ataques deliberados, los encabezados de los periódicos, que frecuentemente hablan de asesinatos, difícilmente dan una imagen internacional positiva.  Puede haber una estabilidad política superficial y leyes de inversiones favorables, pero en ausencia de un sistema judicial efectivo o de fuerzas de seguridad confiables, comprometer capital para proyectos prometedores resulta mucho más difícil.

Será necesario llevar a cabo una ardua labor para mejorar significativamente esta situación. El discurso habitual de dureza contra la violencia de los políticos centroamericanos ha dado pocos dividendos en la práctica; no ha tenido un gran impacto sobre los carteles de la droga, cuyos recursos frecuentemente superan con creces a los de la policía o el ejército locales. Inevitablemente la atención se centrará en Estados Unidos para que proporcione más apoyo material y técnico a las fuerzas de seguridad; el escaso financiamiento para América Central en el marco de la Iniciativa Mérida acordada con México es bien recibido, pero probablemente será insuficiente para el problema en general.

Mientras tanto, la crisis económica está contribuyendo a ayudar a los narcotraficantes: los empleos se agotarán, la pobreza aumentará y la capacidad del gobierno para prestar servicios sociales se pondrá a prueba, lo que hará que la delincuencia sea más atractiva y lucrativa. Las implicaciones posibles de esta situación sin salida son preocupantes, por decir lo menos.

 

Simon Whistler es analista para las Américas en Control Risks, una consultoría sobre riesgos internacionales para las empresas.

Enseñanzas de Tiananmen

Ian Buruma

Resulta escalofriante pensar que, veinte años exactamente después de la “matanza de Tiananmen”, pocos ciudadanos jóvenes de la República Popular de China tienen demasiada idea de lo que ocurrió en aquella ocasión. Muchos ciudadanos chinos desarmados murieron a manos del Ejército de Liberación Popular el 4 de junio de 1989, no sólo en las cercanías de la plaza de  Tiananmen, sino también en ciudades de toda China. La mayoría no eran estudiantes, que iniciaron la manifestación pacífica contra la corrupción y la autocracia, sino trabajadores comunes y corrientes, la clase de personas a las que un partido comunista debería representar.

Los jóvenes no saben nada al respecto, porque la mayoría de los padres han guardado un silencio absoluto al respecto para que ni sus hijos ni ellos tengan problemas y porque ese asunto nunca aparece en los medios de comunicación oficiales chinos; es tabú. Se clausuran los sitios web que hablan de los acontecimientos de 1989. Se interceptan los mensajes de correo electrónico. Se detiene con frecuencia a las personas que insisten en hablar de ellos en público.

En 1989, Zhao Ziyang era Secretario General del Partido Comunista. Aunque no era un demócrata, sentía simpatía por los estudiantes que se manifestaban. Como se oponía a los partidarios de la línea dura de su gobierno, fue sometido a detención domiciliaria hasta su muerte en 2005 y hubo que sacar clandestinamente sus memorias en casetes, disimulados como grabaciones de la Ópera de Pekín. Se acaban de publicar en inglés y en chino, pero no se pueden distribuir legalmente en China.

El libro de Zhao inspirará sin lugar a dudas más debates sobre las enseñanzas que se desprenden del “cuatro de junio”. Son debates necesarios. Ojalá pudieran celebrarse en China. Una corriente de opinión muy poderosa y que surgió casi tan pronto como comenzó la matanza en 1989 sostenía que los dirigentes estudiantiles más radicales habían sido imprudentes. Deberían haber comprendido claramente que era inevitable una represión implacable. Al provocar al régimen, los estudiantes desbarataron cualquier posibilidad de reforma política lenta, que sus mayores más moderados habían puesto en marcha cuidadosamente.

De hecho, como con frecuencia añaden los partidarios de esa corriente, China no estaba aún lista para la democracia y, desde luego, las manifestaciones de masas no iban a conseguirla. De hecho, los dirigentes estudiantiles radicales tenían tan poca comprensión de la democracia como los dirigentes comunistas a los que se oponían. La vida en la capital y en muchas ciudades chinas quedó gravemente alterada. El Gobierno chino actuó con mano dura, desde luego, pero tenía perfecto derecho a hacerlo para restablecer el orden en las calles.

Si los dirigentes estudiantiles hubieran deseado de verdad derrocar al gobierno y hubiesen recurrido a la violencia para hacerlo, esa teoría resultaría convincente. A las revoluciones violentas raras veces les siguen regímenes liberales. Sin embargo, no existen pruebas de que ni siquiera los estudiantes más radicales tuvieran jamás esas ambiciones y las manifestaciones habían sido enteramente pacíficas. Lo único que los manifestantes pidieron fue libertad de expresión, diálogo con el gobierno, sindicatos independientes y el fin de la corrupción oficial.

En cuanto a si las manifestaciones estaban condenadas a acabar en fracaso y en un baño de sangre, también eso es fácil de decir a posteriori . La Historia puede no repetirse nunca exactamente, pero se pueden advertir en ella ciertas tendencias.

Las manifestaciones por sí solas casi nunca derriban un régimen, pero pueden hacerlo en combinación con otros cambios políticos, que pueden suceder de repente. Cuando los alemanes orientales protestaron contra sus autócratas comunistas en 1989, no estaban seguros de tener éxito. De hecho, algunos jefes del Partido querían sacar los tanques, exactamente como sus camaradas de Pekín, pero, cuando Mijail Gorbachev se negó a apoyar una represión alemana, una mezcla de protesta pública abrumadora y chapuza gubernamental derribó el Muro de Berlín.

Los estudiantes surcoreanos que llenaron las calles de Seúl en 1986 tampoco habrían podido acabar con el autoritario gobierno militar. Una vez más, una combinación de acontecimientos –presión de los Estados Unidos, los inminentes Juegos Olímpicos y la presencia de políticos opositores convincentes– lo logró.

Los estudiantes de la plaza de Tiananmen no podían saber lo que sucedía dentro del cerrado régimen comunista. Había profundas divisiones en él, pero nadie podría haber sabido cuáles serían exactamente los resultados finales. En aquel caso, la actitud conciliadora de Zhao Ziyang, que podría haber propiciado concesiones, que, a su vez, podrían haber brindado posibilidades con vistas a un sistema político más abierto, perdió. Los partidarios de la línea dura, que se negaban a renunciar a su monopolio del poder, vencieron.

¿Habría prevalecido Zhao, si los estudiantes se hubieran retirado? No es probable. En cualquier caso, no correspondía a los estudiantes ni a los trabajadores que los apoyaban respaldar una facción determinada del gobierno. Carecían de autoridad para ello. No eran políticos. Lo único que pedían era más libertad y ésa es la enseñanza principal que se desprende de aquellos días de primavera en Beijing, Shanghai y Guangzhou y muchos otros lugares: los chinos tienen tanto derecho como cualquier otro pueblo a expresarse con libertad y sin miedo a ser detenidos, a elegir a sus dirigentes y a disponer de leyes que se apliquen a todo el mundo, incluidos los propios dirigentes.

El 4 de junio de 1989, miles de chinos murieron por pedir menos que eso. La forma mejor de recordarlos es la de reafirmar su derecho a libertades que millones de personas en Occidente y muchas partes de Asia dan por sentadas. La forma peor es acusar a unos pocos estudiantes que insistieron en ese derecho hasta que fue demasiado tarde.

Ian Buruma es el autor de “Asesinato en Amsterdam: The La muerte de Teo Van Gogh y los límites de la tolerancia”. es profesor de democracia, derechos humanos y periodismo en el Bard College. Su último libro es la novela The China Lover.